ASÍ LO TÍTULO EL CO-DIRECTOR DEL CENTRO DE
INVESTIGACIÓN ECONÓMICA Y POLÍTICA EN
WASHINGTON "LA DEMOCRACIA BRASILEÑA AL BORDE DEL ABISMO": SI SE PROHÍBE A LULA DA SILVA PARTICIPAR EN LAS ELECCIONES
PRESIDENCIALES DE 2018, EL RESULTADO PODRÍA TENER MUY POCA LEGITIMIDAD. UNAS
ELECCIONES POCO CREÍBLES PODRÍAN SER POLÍTICAMENTE DESESTABILIZADORAS, UNA EN
LA QUE UN PODER JUDICIAL POLITIZADO PUEDE EVITAR QUE UN LÍDER POLÍTICO POPULAR
SE POSTULE A LA PRESIDENCIA. ESO SERÍA UNA CALAMIDAD PARA LOS BRASILEÑOS, AMÉRICA LATINA Y EL MUNDO. UNA ENCUESTA DEL AÑO PASADO ENCONTRÓ QUE EL 42,7 POR
CIENTO DE LOS BRASILEÑOS CREEN QUE LOS MEDIOS NOTICIOSOS Y EL SISTEMA JUDICIAL
PERSIGUEN A LULA DA SILVA.
EL SOBORNO QUE, SEGÚN LOS ALEGATOS, RECIBIÓ LULA DA SILVA ES UN
APARTAMENTO PROPIEDAD DE OAS. SIN EMBARGO, NO HAY DOCUMENTOS QUE COMPRUEBEN QUE
EL EX PRESIDENTE O SU ESPOSA HAYAN RECIBIDO UN TITULO DE PROPIEDAD, QUE HAYAN
RENTADO O INCLUSO HAYAN ESTADO EN EL APARTAMENTO NI QUE HAYAN INTENTADO ACEPTAR
ESE REGALO. LA EVIDENCIA EN CONTRA DE LULA DA SILVA ESTÁ MUY POR DEBAJO DE LOS
ESTÁNDARES QUE SE TOMARÍAN EN SERIO, POR EJEMPLO, EN EL SISTEMA JUDICIAL
ESTADOUNIDENSE. SIN EMBARGO, ESTA ESCASA EVIDENCIA FUE SUIFICIENTE PARA EL JUEZ
MORO. EN LO QUE LOS ESTADOUNIDENSES PODRÍAN CONSIDERAR UN JUICIO AMAÑANADO,
SENTENCIÓ A LULA DA SILVA A NUEVE AÑOS Y MEDIO DE CÁRCEL.
LA DEMOCRACIA BRASILEÑA AL BORDE DEL ABISMO
The New York Times título que la “democracia brasileña está
al borde del abismo” así lo describió
desde Washington, Mark
Weisbrot, co-director del Centro de Investigación Económica y Política en
Washington y presidente de Just Foreign Policy (1), transcribimos la nota completa:
El Estado de derecho y
la independencia del poder judicial son logros frágiles en muchos países; ambos
son susceptibles a reveses abruptos.
Brasil, el último país
del mundo occidental en abolir la esclavitud, es una democracia bastante joven,
pues salió de una dictadura apenas hace tres décadas. En los dos últimos años,
lo que pudo haber sido un avance histórico —el gobierno del Partido de los
Trabajadores le otorgó autonomía al poder judicial para investigar y procesar
la corrupción en el gobierno— se ha convertido en lo contrario. En
consecuencia, la democracia de Brasil ahora es más débil la que en cualquier otro momento desde
el fin del gobierno militar.
Esta semana, esa
democracia podría erosionarse aún más cuando los tres jueces de la corte de
apelaciones decidan si se le prohíbe al expresidente Luiz Ignacio Lula da
Silva del Partido de los Trabajadores —la figura política más popular del país—
competir en las elecciones presidenciales de 2018 o incluso si lo mandan a
prisión.
No parece que la corte
vaya a ser imparcial. El juez que preside el panel de apelación alabó la
sentencia en contra de Lula da Silva por corrupción y la calificó de “técnicamente
irreprochable”. La jefa de personal del juez publicó su página de Facebook en una petición para que se
encarcele al expresidente.
El juez del tribunal,
Sergio Moro, ha demostrado su propia parcialidad en varias ocasiones. Tuvo que
disculparse ante el Supremo Tribunal Federal en 2016 por divulgar
conversaciones grabadas entre Lula da Silva y la entonces presidenta
Dilma Rousseff, su abogado y su esposa e hijos. El juez Moro organizó un
espectáculo para la prensa en el que
la policía se presentó en la casa de Lula da Silva y se lo llevó para
interrogarlo, aun cuando el expresidente siempre había dicho que se reportaría
voluntariamente para ser interrogado.
La evidencia en contra
de Lula da Silva está muy por debajo de los estándares que se tomarían en
serio, por ejemplo, en el sistema judicial estadounidense.
Se le acusa de haber
aceptado un soborno de la constructora OAS, a la que se procesó como parte del
esquema de corrupción en Brasil investigado a través de la operación Lava Jato.
Ese escándalo de miles de millones de dólares implicó a compañías que pagaron
altos sobornos a funcionarios de la petrolera estatal, Petrobras, para obtener
contratos a precios exorbitantes.
El soborno que, según
los alegatos, recibió Lula da Silva es un apartamento propiedad de OAS. Sin
embargo, no hay documentos que comprueben que el expresidente o su esposa hayan
recibido un título de propiedad, que hayan rentado o incluso hayan estado en el
apartamento ni de que hayan intentado aceptar ese regalo.
La evidencia en contra
de Lula da Silva se basa en el testimonio del expresidente de OAS ahora
convicto, José Aldemário Pinheiro Filho, a quien se le redujo la sentencia en
prisión a cambio de entregar evidencia. De acuerdo con un reportaje del importante
periódico brasileño Folha de S. Paulo, a Pinheiro no se le permitió llegar a un
acuerdo de culpabilidad cuando en un principio contó la misma historia que Lula
da Silva sobre el apartamento. También pasó cerca de seis meses detenido sin
que comenzara su juicio. (Esta evidencia se analiza en el documento de
238 páginas de la sentencia).
Sin embargo, esta escasa
evidencia fue suficiente para el juez Moro. En lo que los estadounidenses
podrían considerar un juicio amañado, sentenció a Lula da Silva a nueve años y
medio de cárcel.
El Estado de derecho en
Brasil ya había recibido un golpe devastador en 2016, cuando la sucesora de
Lula da Silva, Dilma Rousseff (quien resultó electa en 2010 y luego reelecta en
2014), fue destituida de su cargo. Casi todo el mundo (y quizá casi
todos los brasileños) cree que se le destituyó por corrupción pero, de hecho,
se le acusó de una maniobra contable que hizo que el déficit presupuestario
federal pareciera temporalmente menor de lo que se vería sin haberlo maquillado.
Era algo que otros presidentes y gobernadores habían hecho sin consecuencias.
Además, el propio procurador federal del gobierno concluyó que no se
trataba de un delito.
Aunque había funcionarios de partidos de todo el espectro
político involucrados en la corrupción, incluyendo el Partido de los
Trabajadores, en el proceso de destitución no hubo cargos de corrupción contra
Rousseff.
Lula da Silva sigue a la
cabeza de la contienda para las elecciones de octubre, debido a su éxito y el
de su partido en revertir un largo declive económico. De 1980 a 2003, la
economía brasileña apenas creció, cerca del 0,2 por ciento anual per cápita.
Lula asumió el cargo en 2003 y Rousseff en 2011. Para 2014, la pobreza había
disminuido un 55 por ciento y la pobreza extrema un 65 por ciento. El
salario mínimo real se incrementó un 76 por ciento, los sueldos en general
subieron un 35 por ciento, el desempleo llegó a niveles bajos récord y la
infame desigualdad en Brasil por fin había cedido.
Pero en 2014 comenzó una
profunda recesión y la derecha brasileña pudo aprovechar la
desaceleración económica para escenificar lo que muchos brasileños consideran
un golpe de Estado parlamentario.
Si se prohíbe a Lula da
Silva participar en las elecciones presidenciales de 2018, el resultado podría
tener muy poca legitimidad, igual que en las elecciones de Honduras celebradas
en noviembre, consideradas por un amplio sector de la opinión pública como un
robo. Una encuesta del año pasado
encontró que el 42,7 por ciento de los brasileños creen que los medios
noticiosos y el sistema judicial persiguen a Lula da Silva. Unas elecciones
poco creíbles podrían ser políticamente desestabilizadoras.
Quizás aún más
importante es que Brasil se habrá reconstituido como una forma mucho más
limitada de democracia electoral, una en la que un poder judicial politizado
puede evitar que un líder político popular se postule a la presidencia. Eso
sería una calamidad para los brasileños, América Latina y el mundo.
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Fuente:
(1) The New York Times. MarkWeisbrot, codirector del Centro
de Investigación Económica y Política en Washington y presidente de Just
Foreign Policy, es autor de “Failed: What the ‘Experts’ Got Wrong About the
Global Economy”. https://www.nytimes.com/2018/01/23/opinion/brazil-lula-democracy-corruption.html
(3) Collage: El Blog de Miguel Angel Bayona
